En primer lugar hay que cerciorarse de cuál es el  país en el que reside la empresa que realiza su actividad comercial en internet, ya que cuando se trata de comprar en países fuera de la Unión Europea, la situación a la hora interponer reclamaciones es más compleja y el grado de inseguridad jurídica mayor. En el caso de que queramos poner alguna reclamación tenemos 2 opciones a nuestro alcance:

·         Optar por un derecho internacional ciber Law. Se trata de reglas que regulan determinados aspectos del comercio electrónico a escala internacional, al margen de la normativa específica de los estados y que podríamos encontrar en forma de tratados internacionales, códigos de conductas, sellos o distintivos de confianza, etc. Un ejemplo es la Uniform Dispute Resolution Polic- UDRP (mecanismo efectivo de la ICANN19 para resolver conflictos sobre los registros abusivos de nombres de dominio en Internet) o los Incoterms (normas de la Cámara Internacional de Comercio acerca de las condiciones de entrega de las mercancías que dividen los costos de las transacciones y delimitan las responsabilidades entre el comprador y el vendedor).

·         Acudir a los tribunales. En este caso debemos dirigirnos al derecho Internacional Privado para resolver los conflictos de jurisdicción, los de legislación aplicable y los de ejecución de la sentencia. Sin embargo, cuando hablamos de Internet, el derecho internacional privado puede llegar a tener grandes problemas de aplicación, ya que se trata de una legislación muy poco actualizada.

En respuesta a los retos que supone el fraude internacional por Internet, surge la Red Internacional de Protección al Consumidor y Aplicación de la Ley (ICP EN), una organización participada por autoridades gubernamentales en materia de protección al consumidor procedentes de casi cuarenta países (entre los que se encuentra España), y cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de normas sobre prácticas comerciales justas y de la defensa de los derechos de los consumidores a nivel internacional.

Para cumplir con este objetivo, ICPEN ha puesto en marcha el proyecto econsumer.gov, un esfuerzo conjunto de todos los países para reunir y compartir quejas sobre comercio electrónico trasfronterizo a través de una página Web (www.econsumer.gov). El sitio provee información general en torno a la protección al consumidor en todos los países que pertenecen a la ICPEN, información para establecer contacto con las autoridades de protección al consumidor de dichos países y un formato de queja electrónico. Las quejas que se reciban son compartidas a través del sitio Web gubernamental con las autoridades participantes responsables de aplicar la ley en materia de protección al consumidor.

De otra parte, La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha creado un grupo de trabajo formado por juristas de los estados miembros, especializados en comercio electrónico, que se denomina LWG (Legal Working Group) y actúa en el seno del CEFACT (Centre for Trade Facilitation and Electronic Business). Su principal function es analizar la situación jurídica del comercio electrónico a nivel mundial y proponer las correspondientes recomendaciones.